La mesa redonda
sobre mujeres y trabajo, organizada por el Centro de Comunicación Avanzada y la
Alianza Francesa de Trujillo fue un espacio que nos permitió conocer de manera
más precisa las condiciones laborales de las mujeres de La Libertad.
Las estadísticas, siempre
frívolas, muestran una aparente mejora en el acceso al empleo, pero el análisis
cualitativo nos lleva a considerar otros elementos que tienen que ver con la
calidad de los empleos a los que acceden, las oportunidades que (no) se
presentan desde el sector privado y desde el Estado y las diversas formas de
discriminación de género que subyacen en las relaciones laborales.
El Centro Regional de
Planeamiento Estratégico mostró estadísticas obtenidas de la Encuesta Nacional
de Hogares (ENAHO) 2012, confirmando varios temas, entre ellos que aún falta
mucho por trabajar en cuanto a enfoque de género en las instituciones públicas,
especialmente en las locales y regionales, sobre todo en las que construyen
indicadores para analizar la situación del país y proponer políticas de
desarrollo.
A pesar que el INEI ya elabora
estadísticas desagregadas por género y se han considerado algunos indicadores que
permiten interpretar la situación de las mujeres respecto a la de los varones, aún
no se reconoce como aporte económico al país, el trabajo doméstico y el trabajo
comunal que las mujeres realizan. En relación a ello, las estadísticas
nacionales ofrecen un dato relevante al demostrar que el 80% del tiempo que se
dedica al cuidado de adultos mayores y enfermos es ocupado por las mujeres, lo
mismo que el mayor tiempo del trabajo en casa (40 horas semanales de las mujeres
frente a las 15 que le dedica el varón).
La división sexual del trabajo no
sólo ha asignado actividades de menor reconocimiento social a las mujeres sino
también ha invisibilizado su aporte. No se reconoce la doble jornada laboral que
muchas mujeres cumplen, participando de un trabajo asalariado y del cuidado de la
familia. Y en el caso de las que se dedican de manera exclusiva al cuidado de los
futuros ciudadanos del país, simplemente, aparecen como inactivas en las encuestas
sobre empleo.
El Estado tiene un compromiso
pendiente con la mitad de la población del país, debe garantizar condiciones para
su desarrollo integral, regular condiciones justas de trabajo asumiendo su
papel de garante de las libertades fundamentales de todos/as, fiscalizando a
empresas privadas que abusan de la condición de género de las mujeres y les desconocen
derechos ganados con luchas históricas.
Seguimos teniendo mujeres trabajando más de 10 horas diarias en los campos
agrícolas con salarios precarios y derechos vulnerados como el de libertad sindical.
Hay mucho por corregir en la
estructura económica del país que afecta a los más vulnerables, no sólo a las mujeres.
Por esta razón es importante que vayamos entendiendo y asumiendo la categoría sociológica
de la interseccionalidad para entender las desigualdades sociales, dentro de
ellas la de género, vinculándola con
otros elementos como la clase social, la etnia, la cultura, etc.
En esa medida entenderemos que el
hecho de que más mujeres ocupen posiciones de poder no se explica en sí mismo
como una solución a los problemas de subordinación, dependerá de la posición
que asuman estas mujeres y de la bandera que levanten. No se trata únicamente
de tener más puestos, dependerá de las condiciones laborales en las que se
desenvuelven y si realmente estos trabajos se
presentan como oportunidades para su desarrollo y liberación o para la
prolongación de nuevas formas de subordinación asalariada.
Hay hermanas muchísimo qué hacer,
vamos avanzando desde diferentes frentes: la organización social, el ámbito
político-partidario, el sindicalismo, la academia, la familia. El trabajo digno
es un derecho no una cadena, es fuente de libertad no de opresión, tanto para
los varones como para las mujeres.
